El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva “histórica” sobre los criptoactivos, estableciendo “una política nacional para los activos digitales a través de seis prioridades clave”, declaró la Casa Blanca.
La orden ejecutiva esboza “el primer enfoque de todo el gobierno para abordar los riesgos y aprovechar los beneficios potenciales de los activos digitales y su tecnología subyacente”.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó el miércoles una orden ejecutiva sobre criptomonedas muy esperada, según un anuncio de la Casa Blanca. Se esperaba que Biden firmara la orden ejecutiva a finales de febrero. Sin embargo, Rusia comenzó su invasión de Ucrania esa semana.
Señalando que “Estados Unidos debe mantener el liderazgo tecnológico en este espacio de rápido crecimiento”, la Casa Blanca detalló que la orden ejecutiva esboza:
“El primer enfoque de todo el gobierno para abordar los riesgos y aprovechar los beneficios potenciales de los activos digitales y su tecnología subyacente.”
Según afirma el anuncio, la orden establece una política nacional para los activos digitales a través de seis prioridades clave. Para cada prioridad de los activos digitales, la orden ejecutiva ordena a varios departamentos y agencias gubernamentales que desarrollen recomendaciones políticas dentro de plazos específicos.
1.La primera prioridad es “proteger a los consumidores, los inversores y las empresas estadounidenses“, para lo cual la orden ejecutiva ordena al Departamento del Tesoro y a otros organismos “evaluar y elaborar recomendaciones políticas”.
2.La segunda prioridad es “proteger la estabilidad financiera estadounidense y mundial”.
3. La tercera prioridad es “mitigar las finanzas ilícitas y los riesgos para la seguridad nacional que plantea el uso ilícito de los activos digitales”. Para ello, la Casa Blanca describió que la orden ejecutiva dirige
Un enfoque sin precedentes de la acción coordinada a través de todas las agencias relevantes del gobierno de Estados Unidos para mitigar estos riesgos.
“También ordena a las agencias que trabajen con nuestros aliados y socios para asegurar que los marcos, capacidades y asociaciones internacionales estén alineados y respondan a los riesgos”, señala el anuncio.
4. La cuarta prioridad es “promover el liderazgo de EE.UU. en tecnología y competitividad económica para reforzar el liderazgo de EE.UU. en el sistema financiero mundial“, ordenando al Departamento de Comercio que establezca un marco adecuado.
Otras dos prioridades son “apoyar los avances tecnológicos y garantizar el desarrollo y el uso responsable de los activos digitales” y “explorar una moneda digital del banco central estadounidense (CBDC)”.
El Departamento del Tesoro y la secretaria Yellen tienen papeles clave
Una de las seis prioridades señaladas en la orden ejecutiva de Biden es “promover el acceso equitativo a servicios financieros seguros y asequibles”.
Para ello, la Casa Blanca explicó:
“El secretario del Tesoro, en colaboración con todas las agencias pertinentes, elaborará un informe sobre el futuro del dinero y los sistemas de pago”.
Este informe se presentará a Biden en un plazo de 180 días.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, emitió una declaración sobre la orden ejecutiva de Biden, en la que afirmaba que la orden ejecutiva del presidente Biden exige un enfoque coordinado y global de la política de activos digitales.
“En virtud de la orden ejecutiva, el Tesoro y los socios interinstitucionales se basarán en las Evaluaciones Nacionales de Riesgo recientemente publicadas, que identifican los principales riesgos de financiación ilícita asociados a los activos digitales”
Esta prioridad “abordará los riesgos relacionados con la financiación ilícita, protegiendo a los consumidores e inversores, y previniendo las amenazas al sistema financiero y a la economía en general”, aclaró la secretaria del Tesoro.
Tras el anuncio de la orden ejecutiva de Biden, el presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, comentó:
Estoy deseando colaborar con mis colegas de todo el gobierno para alcanzar importantes objetivos de política pública: proteger a los inversores y a los consumidores, protegerse de las actividades ilícitas y ayudar a garantizar la estabilidad financiera.
