El pasado 19 de Julio fue presentada una demanda en el Tribunal Federal del norte de Alabama, alegando que el gobierno está encubriendo muertes relacionadas con las inyecciones para hacer frente al covid-19. El número de muertes relacionadas se mantienen ascendiendo y actualmente ha arrebatado la vida a un aproximado de 45.000.
Esta demanda está sustentada en la declaración jurada de un informante que actualmente se encuentra bajo protección federal. La misma fue presentada por America’s Frontline Doctors de la mano del abogado Thomas Renz.
Este demoledor anuncio fue realizado por Renz durante su presentación el pasado 17 y 18 de Julio, exactamente en Re-Awaken Tour celebrado en Anaheim, California. Alegó que este informante contó con acceso a servidores del gobierno y puede demostrar la cifra de estadounidenses que han muerto por las vacunas autorizadas por la FDA.
Mientras realizaba su presentación, Renz, socio de un bufete de abogados en Fremont Renz Law que se dedican a la lucha contra tiranía médica, invitó a los presentes a compartir la noticia de la demanda por redes sociales a familiares y amigos. Y es que como era de imaginarse, pocos medios de comunicación han hecho eco de esta historia.
La demanda de Renz se ha basado en el testimonio de este testigo clave, asegurando que ha visto el interior de los sistemas que ha producido los 45.000 decesos relacionados a la vacuna.
El Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS) es el encargado de notificar los resultados negativos de tratamientos farmacológicos o vacunas que informa directamente al gobierno federal desde que fue establecido en 1990.
Las muertes por Covid-19 hasta el pasado 16 de Julio ascendían a 11.000, un record sobre todas las demás vacunas implantadas desde que el sistema VAERS del CDC fue creado. Las condiciones dadas ofrecen facilidades para los fabricantes de vacunas, quienes gozan de la protección de un sistema gubernamental anti demandas por parte de los afectados.
El llamado de Thomas Renz es a derribar el encubrimiento por parte las farmacéuticas y fabricantes de las vacunas de emergencias aprobadas por la FDA. También acusando a medios como redes sociales como cómplices al censurar los hechos y que estas están sujetas a correr un alto riesgo.
Según lo estipulado, cualquier paciente que haga uso de tratamientos médicos de emergencia debe recibir aceptar un “consentimiento informado”. Esto quiere decir que aceptan el tratamiento por su propia voluntad y son informados de todos los riesgos potenciales. Sin embargo, bien sabemos que esto no es cierto.
¿Cómo se podría aceptar los riegos de una vacuna si estos no se han dado a conocer de forma informal? Esta demanda es solo el primer paso por una lucha que va comenzando y que esperamos no sea silenciada.
